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Un paso hacia el nombramiento del Defensor de niñez



Un paso hacia el nombramiento del Defensor de niñez

 

Organizaciones reunidas en Infancia en Deuda celebraron una primera acción del Congreso para avanzar en la designación del Defensor de la niñez, que lleva once años demorada.

   Los presidentes de la Cámara de Senadores, Gabriela Michetti, y de Diputados, Emilio Monzó, firmaron una resolución que conforma la Comisión Bicameral que debe encargarse del nombramiento, sobre la base de concurso público.

   Así lo hicieron después de que el 9 de marzo la jueza en lo contencioso administrativo Claudia Vidal hizo lugar a un amparo presentado por organizaciones no gubernamentales para reclamar por la no designación de Defensor, acción que realizaron la Fundación Sur Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la Asociación por los Derechos Humanos, entre otras.

   Esas entidades están agrupadas en Infancia en Deuda (#InfanciaEnDeuda), que destacó la resolución adoptada por el Congreso de conformar la Comisión Bicameral, integrada por cinco senadores y cinco diputados.

   Son ellos los senadores Norma Durango, Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunath, del Frente para la Victoria; Adolfo Rodríguez Saa, de Compromiso Federal; y Pamela Verasay, de Cambiemos; y los diputados Samantha Acerenza (PRO); Ana Carrizo (UCR), Mayra Mendoza y Verónica Mercado (Frente para la Victoria); y María Florencia Peñaloza Marianetti (Compromiso San Juan).

   Para nombrar defensor o defensora, esta Comisión debe llamar a concurso público de oposición y antecedentes y después hacer una postulación a las cámaras. La aprobación requiere el voto de dos tercios de los legisladores.

  La función de la defensoría de niñez y el cargo correspondiente están contemplados en la Ley 26.061, sancionada en 2005, pero desde entonces el Legislativo no encaminó el procedimiento para la designación del titular.

   Junto con organizaciones sociales y humanitarias, UNICEF Argentina expresa interés en que la previsión legal se cumpla. Al respecto, Sebastián Waisgrais, responsable del área de Monitoreo e Inclusión Social del organismo, declaró que el paso de un Estado tutelar a otro que asuma a niñas y niños como sujetos de derecho, expresado en la Ley 26.061, requiere el nombramiento del Defensor.

   Es “muy llamativo”, agregó en declaraciones a la revista UNI, que exista esta demora a nivel nacional, mientras “muchas provincias avanzaron en disponer defensorías específicas de niñez y adolescencia”, como sucede en Córdoba, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe y Santiago del Estero.

 

 

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