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Imputabilidad: se pronuncia la Defensoría de Santa Fe



Imputabilidad: se pronuncia la Defensoría de Santa Fe

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe se pronunció contra la baja de edad de imputabilidad.

   El organismo difundió un comunicado oficial después de los anuncios gubernamentales sobre la posibilidad de bajar la edad de imputación penal para los adolescentes, que la normativa vigente fija en 16 años.

   La Defensoría de Santa Fe expresa que “es necesario avanzar en la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil, pero que no disminuya la edad de imputabilidad”, y advirtió que “reducir la discusión sobre la inseguridad a la edad en que se deberían aplicar penas a los jóvenes es –cuanto menos- simplista”.

   “Es innegable la responsabilidad que se debe asumir en avanzar hacia una adecuación normativa compatible y en línea con los nuevos paradigmas de protección integral, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal”, agrega.

   El pronunciamiento toma en cuenta que “según estadísticas recientes, los principales motivos por los que ingresan los adolescentes a instituciones cerradas del sistema penal juvenil responden a delitos contra la propiedad, representando estos alrededor del 60%; mientras que los delitos cometidos contra las personas rondan sólo el 15%. Asimismo, el porcentaje de jóvenes menores de 16 años que cometen un delito es ínfimo en comparación con el total de actos delictivos”.

   En su condición de institución de derechos humanos, la Defensoría de Santa Fe expresa su rechazo a “las simplificaciones y estigmatizaciones que hacen que la inequidad de un sistema –que está en manos de personas adultas– recaiga en culpabilizar a quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad”.

   “Hablar de bajar la edad de imputabilidad penal –que actualmente, desde el retorno de la democracia, se sitúa en los 16 años de edad– conduce en general al planteo de antinomias que es necesario trascender, como aquella que plantea que lo ‘no punible’ es sinónimo de ‘impunidad’. Y esto es, precisamente, ver el final”, explica.

   Por ello propone un debate que comience “por el principio de la historia y por el principio del rol del Estado. Un Estado presente desde la primera infancia, donde deberían verse fortalecidos los sistemas de protección integral para garantizar a niñas, niños, adolescentes, familias y sus comunidades derechos humanos fundamentales: una buena calidad de vida, el respeto a su identidad, el acceso a la atención integral de su salud en igualdad de oportunidades, el acceso a la educación pública y gratuita atendiendo a su desarrollo integral y orientada a la construcción de la ciudadanía, el derecho a la recreación y el deporte, el derecho a la dignidad y la integridad personal y a no sufrir ningún tipo de discriminación”.

   En suma, insiste, hace falta un debate profundo y que se realice con “una mirada integral, tanto del origen y prevención del delito como de la reparación de sus consecuencias”.

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